Sí, parece que fue ayer cuando el tema del empadronamiento o no de inmigrantes en situación irregular, ocupaba todas las portadas de periódicos, titulares de telediarios e información digital, incluso con duros debates en las redes sociales más populares. El caso es que no fue ayer, pero sí que fue la hace 15 días. Hace tan sólo 15 días y hoy ya nadie habla. Parece que el empadronamiento de esos ciudadanos en concreto ya no resulta un problema para nadie, ni siquiera para aquellos que encendieron la polémica proponiendo unas medidas que la Abogacía del Estado se encargó de demostrar contrarias a la ley.
Yo siempre defendí, en conversaciones con algunos amigos, que la solución a esta cuestión no vendría ni del titular mediático, ni del encarnizamiento contra aquellos que proponían el no empadronamiento de inmigrantes en situación administrativa irregular. Nada ganábamos como sociedad construyendo dos bandos, el de los buenos y el de los malos. Al mismo tiempo que decía y digo, que todas las personas, por el simple hecho de serlo, tienen el derecho a una vida digna, que se garantiza a través de servicios básicos como son la educación, la salud o los servicios sociales. Y que para eso, para preverlo, para saber a qué debemos hacer frente, el padrón es la herramienta más efectiva. Se trataba de, teniendo claros estos principios, utilizar los mecanismos legales de los que disponemos, hacerlos valer y obligar a su cumplimiento. Nadie está por encima de la ley y nadie puede decidir saltársela a la torera. Sólo en base a ese principio, el tema del empadronamiento se podía solucionar. Así lo entendió finalmente el Ayuntamiento que, después de las directrices dadas desde el Govern de la Generalitat, recordando esa obligación y los criterios que se deben seguir, así como el informe de la Abogacía del Estado, reculó y se avino a seguir cumpliendo la ley.
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